El COPCV pide de manera urgente mayor presencia de psicólogos en los juzgados
El Col.legi además, lamenta que la Comunitat mantenga para los profesionales que actúan de oficio, unos honorarios totalmente desfasados, no revisados desde el año 2003.
- La figura del psicólogo es especialmente necesaria en los juzgados de familia donde, desde la entrada en vigor de la Custodia Compartida como norma general, se hace todavía más indispensable.
- Cada realidad familiar es un caso único y excepcional que hay que estudiar minuciosamente atendiendo sus particularidades. Por ello, se precisa una mayor presencia de psicólogos y psicólogas en los juzgados de la Comunitat.
- El COPCV afirma que la Comunitat no valora adecuadamente la labor realizada por los psicólogos forenses. Prueba de ello es que desde 2003 no revisan los honorarios de los profesionales que actúan de oficio, no cubriendo ni tan siquiera los gastos de desplazamiento al juzgado.
El Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunitat Valenciana se une a la queja formulada recientemente por el decano de los jueces de Valencia y demanda de manera urgente un aumento de la presencia y valoración profesional de los/as psicólogos/as forenses en los juzgados, en ajuste a la necesidad y demanda social.
Los profesionales de la Psicología que trabajan en de los juzgados desarrollan una labor fundamental dentro de los mismos ya que como profesionales de la Psicología, actúan como expertos asesorando a los jueces para una mejor toma de decisiones dentro del ámbito civil, penal, laboral, jurisdicción de menores o violencia de género, entre otros.
Desde 2011, con la aprobación la Ley de de Custodia Compartida por parte del Tribunal Supremo y más concretamente desde 2013, año en que la Comunitat aprueba una Ley que establece como norma general la custodia conjunta, la figura del psicólogo ha cobrado especial relevancia en el ámbito de la familia asesorando en el sistema de custodia de los hijos e hijas.
Es por ello, que desde el COPCV se alerta de que, si bien el sistema de custodia compartida representa un ideal facilitador de las relaciones de los/as hijos/as con ambos progenitores, y como norma supone un avance, resulta necesario el estudio particular de cada caso familiar, con sus características específicas, como son la edad de los/as hijos/as, vínculos afectivos de los/as hijos/as con cada uno de sus progenitores, y necesidades especiales de cuidado que puedan presentar los/as menores.
Es en este aspecto donde efectivamente, resulta primordial la figura del psicólogo/a forense, como técnico/a especializado/a para evaluar las particularidades anteriormente comentadas y permitir así, una aplicación de medidas y sistema de reorganización familiar ajustado a la especificidad de cada contexto.
La Comunitat no valora la labor realizada por los psicólogos
La sociedad actual demanda una mayor intervención de profesionales de la psicología especializados en el ámbito jurídico, dentro del sistema de justicia. De hecho, el Ministerio de Justicia se muestra interesado en regular los criterios que marquen la especialidad de la Psicología Jurídica, que garantice la especialización de los/as psicólogos/as forenses, por la relevancia de sus funciones dentro del sistema judicial.
Por contra, es de lamentar que la legislación autonómica de la Comunidad Valenciana no vaya en consonancia con la valoración actual de la labor de los/as psicólogos/as forenses, manteniendo unos honorarios totalmente desfasados, no revisados desde el año 2003, para los/as profesionales que actúan en situaciones de justicia gratuita, y que no alcanzan ni tan siquiera a cubrir los desplazamientos al juzgado.
Igualmente resulta lamentable la perversión que en determinados juzgados de la Comunidad Valenciana se realiza de este listado de profesionales, cuando se les requiere para actuar de oficio, en situaciones en las que las partes solicitantes pueden costearse un profesional tal y como hacen con sus representantes legales, encareciendo tal abuso el sistema público de ayuda, a través del uso inadecuado de psicólogos/as dispuestos/as a realizar su labor profesional en situaciones de precariedad económica de los usuarios.