Canal de denuncias

El Sistema interno de información está destinado principalmente a comunicar, en un contexto laboral o profesional, hechos que puedan constituir infracciones incluidas en el artículo 2 de la Ley 2/2023: determinadas infracciones del Derecho de la Unión Europea y acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave.

El COPCV puede recibir también otras informaciones relacionadas con su integridad y cumplimiento normativo. No obstante, el régimen específico de protección de la Ley 2/2023 solo resulta aplicable cuando concurren los requisitos establecidos en dicha norma.

No es necesario disponer de pruebas concluyentes. Para quedar amparada por las medidas de protección de la Ley 2/2023, la persona informante debe tener motivos razonables para pensar que la información comunicada es veraz en el momento de comunicarla y que se encuentra dentro del ámbito de la ley.

1. Recepción y acuse. Al presentar la comunicación por este portal se genera inmediatamente un acuse de recibo con una referencia y una clave de acceso. La Ley 2/2023 establece, con carácter general, un máximo de siete días naturales para el acuse, salvo que pueda comprometer la confidencialidad.
2. Análisis inicial. El Responsable del Sistema examinará la información para determinar su ámbito, suficiencia y actuaciones procedentes.
3. Investigación y comunicación. Cuando sea necesario podrán realizarse actuaciones de comprobación y solicitarse información adicional. El buzón permite mantener una comunicación segura con la persona informante mediante la referencia y la clave.
4. Respuesta. El plazo máximo para dar respuesta a las actuaciones de investigación es de tres meses desde la recepción de la comunicación. En casos de especial complejidad podrá ampliarse hasta un máximo de otros tres meses.
5. Traslado a autoridades. Si los hechos pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito, la información se remitirá con carácter inmediato al Ministerio Fiscal. Si afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea, se remitirá a la Fiscalía Europea.

La persona afectada por la comunicación tiene derecho a ser informada de las acciones u omisiones que se le atribuyen y a ser oída en el momento y forma compatibles con el buen fin de la investigación. Durante todo el procedimiento se respetarán su presunción de inocencia, su derecho de defensa y su honor.

El Sistema está diseñado para preservar la confidencialidad de la identidad de la persona informante, de las personas afectadas y de cualquier tercero mencionado en la comunicación. Las comunicaciones anónimas pueden tramitarse sin que sea necesario facilitar nombre, correo electrónico ni teléfono.

Cuando la persona informante se identifica, su identidad no se comunica a la persona afectada por los hechos. La identidad solo podrá comunicarse a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora y con las salvaguardas legalmente previstas.

La Ley 2/2023 prohíbe expresamente las represalias, así como las amenazas y tentativas de represalia, contra las personas que comuniquen información cumpliendo las condiciones de protección establecidas en la ley.

Además de la presentación escrita mediante este portal, puede solicitar formular la comunicación verbalmente mediante una reunión presencial. La reunión se concertará dentro del plazo máximo de siete días desde la solicitud.

Si desea solicitarla manteniendo inicialmente el anonimato, utilice el formulario de este Canal en modo anónimo e indique únicamente en la descripción que desea formular la comunicación verbalmente mediante reunión presencial. Guarde la referencia y la clave: el Responsable del Sistema utilizará este mismo buzón seguro para concertar la reunión sin necesidad de que facilite previamente su identidad.

Las comunicaciones verbales se documentarán conforme a la Ley 2/2023, mediante grabación o transcripción completa y exacta, previo consentimiento de la persona informante. Cuando se utilice una transcripción, se ofrecerá la posibilidad de comprobarla, rectificarla y aceptarla.

Responsable del tratamiento: Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana (COPCV), C/ Comte d'Olocau, 1 Baix, 46003 València. Correo electrónico: copcv@cop.es.

Finalidad: recibir, analizar, investigar y realizar el seguimiento de las comunicaciones efectuadas a través del Sistema interno de información, adoptar las actuaciones que procedan y cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 2/2023.

Base jurídica: cumplimiento de una obligación legal aplicable al COPCV, conforme al artículo 6.1.c) del Reglamento General de Protección de Datos y al artículo 30 de la Ley 2/2023. La presentación de una comunicación no se basa en el consentimiento para el tratamiento necesario para gestionar el Sistema.

Acceso y destinatarios: el acceso a los datos queda limitado a las personas habilitadas por la Ley 2/2023 dentro de sus respectivas competencias. Los datos podrán comunicarse cuando resulte necesario para adoptar medidas correctoras o tramitar procedimientos legales y, en los supuestos previstos por la ley, a las autoridades competentes.

Conservación: los datos permanecerán en el Sistema interno únicamente durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación. Si transcurren tres meses desde la recepción sin que se hayan iniciado actuaciones de investigación, se suprimirán del Sistema, salvo la conservación de evidencia anonimizada de su funcionamiento. El libro-registro no es público y, en ningún caso, los datos personales podrán conservarse en él durante más de diez años.

Derechos y Delegado/a de Protección de Datos: las personas interesadas podrán ejercer los derechos reconocidos por la normativa de protección de datos en los términos que resulten aplicables. Las solicitudes y consultas dirigidas al Delegado/a de Protección de Datos del COPCV pueden remitirse a copcv@cop.es o a la dirección postal indicada anteriormente, señalando que se refieren a protección de datos.

Para proteger a todas las personas implicadas, facilite solo los datos personales que sean necesarios para comprender e investigar los hechos. Evite incluir datos especialmente sensibles de terceros cuando no sean imprescindibles.