La colegiación es obligatoria para ejercer la Psicología en la Comunitat Valenciana

La legislación estatal establece la obligatoriedad de la colegiación, mientras que la normativa autonómica contempla sanciones por ejercer sin cumplir este requisito.

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La obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio de la Psicología deriva de: 

   •  Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 

   •  Ley 43/1979, de 31 de diciembre, sobre creación del Colegio Oficial de Psicólogos. 

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales, indica que: "Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal”. 

La ley estatal que lo regula, en el caso de la Psicología, es la Ley 43/1979, de 31 de diciembre, sobre creación del Colegio Oficial de Psicólogos, que es una ley de ámbito estatal, y recoge que "la integración en el colegio es obligatoria para el ejercicio de la profesión de psicólogo".

Por su parte, la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana es la norma autonómica, que tiene como finalidad que a través de una norma con rango de ley regular los colegios profesionales en la Comunidad Valenciana. La Ley 4/2019 de 22 de febrero, de la Generalitat, de modifica el capítulo II del título III de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana. Esta norma tiene como puntos clave: 

   •  Lucha contra el intrusismo: Refuerza las medidas contra quienes ejercen una profesión colegiada sin cumplir con la obligación de colegiación.

   •  Potestad disciplinaria de la Generalitat: Atribuye a la Administración autonómica la potestad disciplinaria en estos supuestos. 

   •  Infracciones muy graves: Considera infracción muy grave el ejercicio profesional sin estar colegiado obligatoriamente, actuar mientras se cumple una sanción de suspensión, o infringir una inhabilitación firme. 

   •  Sanciones: Las infracciones muy graves se pueden sancionar con inhabilitación profesional de hasta cinco años y multas de 5.001 € a 150.000 €. 

 

 

 

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