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Una gran parte de los servicios que prestan los profesionales de la psicología a los ciudadanos en diversos ámbitos (intervención social, educación, drogadicción, atención a víctimas, etc.) lo hacen a través de contratos de servicios, convenios o conciertos de la administración con entidades privadas (empresas u ONG ´s). Antes de la crisis económica, el criterio fundamental para la adjudicación de los contratos competitivos era la calidad del proyecto técnico y los currículums, incluyendo como elemento fundamental la formación específica y la experiencia de los profesionales que iban a desarrollar el programa. Se entendía, con buen criterio, que en proyectos cuyo objetivo es la intervención con personas son los recursos humanos los que garantizan la calidad de los mismos. La intervención psicológica, social, educativa… era valorada, y así también lo eran los profesionales que se ocupaban de mejorar el bienestar psicológico y social de las personas, los grupos y las comunidades, fundamentalmente de las que están en especial situación de desventaja.

Sin embargo, coincidiendo con la crisis económica y el incremento de las tasas de desempleo, el coste de los proyectos ha sido el criterio preponderante y, en muchas ocasiones, el único para la adjudicación de estos servicios. Cualquier proyecto y cualquier equipo incluso sin formación ni experiencia podía valer siempre y cuando el presupuesto fuese el más bajo. Si hacemos un paralelismo con la gestión pública directa, sería como si en las ofertas públicas de empleo de medicina, enfermería, trabajo social, profesorado, etc., se seleccionase al profesional que estuviese dispuesto a cobrar menos, en lugar de aquel que más méritos aportase. Esto implica una desvalorización absoluta de la intervención y una mercantilización del trabajo de los profesionales de la psicología. El mensaje que trasmite este tipo de prácticas es claro: “cualquier cosa vale siempre que sea más barata”.

Las consecuencias son evidentes. En primer lugar, un descenso notable en la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos. En segundo lugar, una precarización de los contratos laborales de los profesionales de la psicología que trabajan en estos programas. Precarización, que repercute directamente en un incremento en la rotación de los profesionales, lo que a su vez hace descender más la calidad de los proyectos. Un círculo perverso.

En aras de la calidad de los servicios psicológicos que se prestan a la sociedad, los profesionales de la psicología consideramos imprescindible un cambio en el sistema de adjudicación de contratos públicos. En todos aquellos servicios que atiendan a personas, el proyecto técnico y la experiencia de los profesionales debe ser el criterio fundamental de adjudicación. En ningún caso puede serlo el económico. La calidad de los programas y su desarrollo exige que tengamos en cuenta el diseño técnico de los mismos y los profesionales que lo llevan a cabo, así como las condiciones en las que tienen que prestarlo, para que podamos hacer intervenciones reales y ajustadas a los principios deontológicos, basadas en la evidencia y garantes de los derechos de los trabajadores y de las poblaciones sobre las que intervenimos.