La atención a las adicciones en España depende del territorio y genera inequidad sanitaria
Según un estudio presentado por el grupo de trabajo Dignidad Asistencial en el Congreso de Patología Dual de Valencia, celebrado del 7 al 9 de mayo.
El grupo de trabajo Dignidad Asistencial presentó en el 26º Congreso de Patología Dual un estudio que pone el foco en una realidad poco visible: la atención a las adicciones en España no ofrece las mismas garantías según el territorio donde viva el paciente.
El trabajo, avalado por la Sociedad Española de Patología Dual y por Socidrogalcohol, analiza 19 territorios, 17 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, y describe una marcada variabilidad en los modelos de atención, desde la integración plena en el sistema público hasta estructuras mixtas o de baja integración.
Los autores subrayan que esta heterogeneidad no es solo organizativa, sino que tiene consecuencias clínicas y sociales. En patología dual, donde coexisten un trastorno adictivo y otro trastorno mental, la fragmentación entre redes de adicciones y salud mental dificulta la continuidad asistencial y perpetúa desigualdades evitables. “El código postal sigue condicionando la atención”, resume el estudio, que advierte de que ninguna otra enfermedad se gestiona de forma tan heterogénea, con dispositivos que en algunos territorios siguen fuera del sistema sanitario ordinario, como ayuntamientos u ONGs.
El análisis identifica cuatro patrones de organización: integración plena en el sistema público de salud o salud mental; integración plena con red diferenciada; modelos mixtos con fuerte componente municipal o del tercer sector; y territorios con baja integración, donde el peso de recursos no sanitarios es predominante. Entre las principales conclusiones, el grupo destaca que esta inequidad estructural repercute directamente en la accesibilidad, la continuidad terapéutica y la calidad de la atención, especialmente en personas con mayor complejidad clínica.
Desde Dignidad Asistencial recuerdan que el objetivo del proyecto no es señalar territorios, sino promover un estándar mínimo común que garantice la no estigmatización de la enfermedad y garantice a la vez la equidad, integración y dignidad asistencial para todas las personas con trastorno adictivo, con independencia de su lugar de residencia. El grupo defiende que la salud no debe depender del código postal y que la respuesta a las adicciones debe abordarse como la de cualquier otra enfermedad: dentro del sistema sanitario, con continuidad, coordinación y recursos adecuados.