20º aniversario de la Ley de Violencia de Género - La atención psicológica es un derecho esencial para conseguir la recuperación de las víctimas
Es hora de avanzar en la dotación de recursos humanos y técnicos que aseguren una atención psicológica especializada, accesible y de calidad para todas las víctimas.
Se cumplen 20 años de uno de los hitos más importante en la lucha contra las violencias machistas en nuestro país, la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; un antes y un después en la conceptualización y articulación de medidas específicas para erradicar la mayor vulneración de los Derechos Humanos de las mujeres y niñas en nuestro país. 20 años de desarrollo normativo estatal y autonómico, creación de estructuras y de la red de atención a víctimas de la violencia de género, de trabajo a nivel preventivo y de sensibilización.
Desde el Consejo General de la Psicología y los colegios profesionales que lo integramos, quieremos poner en valor el trabajo conjunto de todas las instituciones en la lucha contra las violencias machistas y, especialmente, destacar la labor encomiable de miles de psicólogas y psicólogos en primera línea contra las violencias machistas, desde los servicios de emergencia, la recuperación integral de mujeres y menores, la reeducación de agresores, la prevención y sensibilización social, y hasta la labor en la formación a profesionales diversos para introducir una necesaria y esencial visión psicológica al estudio, atención y tratamiento de la violencia.
De la misma forma, manifestamos nuestra preocupación por las carencias que persisten en la atención psicológica a las víctimas de esta lacra social. En 2022, con la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual, varios artículos de la norma de 2004 se vieron modificados para actualizarlos y ampliar el alcance de esta, como el artículo 17, en el que se garantiza el derecho de las víctimas en materia de atención psicológica; o el 19, en el que se obliga a garantizar la atención psicológica en el Sistema Público de Salud. Aun así, el desarrollo ha sido desigual entre los distintos territorios del Estado y las prestaciones en materia de psicología no está garantizada de manera uniforme y accesible en todo el sistema de atención y protección. La atención psicológica es un derecho esencial para conseguir la recuperación integral de las víctimas y la salida de la situación de violencia, y por ello debe ser prioritaria en las agendas públicas y políticas.
Entre las principales deficiencias queremos destacar:
1. Garantizar la atención psicológica inmediata
Es urgente dotar a todos los servicios y puertas de entrada de las mujeres víctimas de violencia de género al sistema de protección de profesionales de la psicología para un abordaje psicológico desde el minuto cero. Es crucial que cuando una mujer decide romper el silencio, encuentre inmediatamente una atención psicológica que la acompañe, para evitar el abandono en el proceso de salida de la violencia, en muchas ocasiones antes incluso de la interposición de la denuncia. La psicología es un factor de protección que no todas encuentran accesible.
También, la defensa de la necesidad de garantizar la continuidad del personal de psicología que, iniciando una intervención psicológica, ve finalizado su contrato y, por tanto, corta los procesos terapéuticos aún no finalizados. Dejar a las mujeres sin sus psicólogas o psicólogos no solo rompe la alianza terapéutica, sino también la confianza de las mujeres en las instituciones y aumenta el riesgo de abandono del sistema.
2. Falta de profesionales de la psicología en los centros de atención primaria
La atención primaria debería ser una de las primeras puertas de entrada al sistema de protección para las mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, la ausencia de profesionales de la psicología en estos espacios supone una grave limitación para brindar apoyo especializado. Nuestra intervención podría ser clave para acompañar a las mujeres en momentos críticos, como el mantenimiento de la denuncia y la intervención en crisis.
3. Insuficiente presencia en el sistema educativo
El sistema educativo también es un ámbito esencial para la prevención de la violencia de género. La comunidad educativa está saturada y la falta de psicólogos y psicólogas en las escuelas impide desarrollar programas de sensibilización y prevención efectivos desde las primeras etapas. La sociedad requiere de profesionales de la conducta para abordar desde dentro del sistema educativo todas aquellas esferas de la vida de la infancia y de la adolescencia que no se están trabajando, y que ponen en riesgo su desarrollo personal, social y relacional.
4. Atención psicológica a menores, hijas e hijos de mujeres víctimas de la violencia.
Es indispensable garantizar la atención psicológica especializada a los y las menores expuestos a la violencia de género. No son solo testigos, sino víctimas directas que requieren apoyo psicológico urgente y adecuado a sus necesidades. Es esencial abordar la violencia vicaria desde una mirada psicológica para garantizar la protección de la infancia.
Desde el Consejo General de la Psicología reiteran que solo las y los profesionales de la psicología están capacitadas para brindar la atención psicológica necesaria en estos contextos. Por ello, instan a las administraciones públicas a:
- Garantizar la atención psicológica inmediata, con estabilización del personal y garantía de atención continuada.
- Incorporar psicólogos y psicólogas en los centros de salud de atención primaria.
- Incorporar profesionales de la psicología en el sistema educativo para trabajar en prevención y sensibilización.
- Garantizar la atención psicológica integral a los menores víctimas de violencia de género, y también a hijos e hijas mayores de edad.
- Garantizar que los fondos públicos destinados a formación son destinados a programas formativos donde sus ponentes tienen la cualificación avalada por colegios profesionales. No todo el mundo, ni todas las profesiones pueden formar y sensibilizar sobre violencia.
A dos décadas de la aprobación de una ley pionera y necesaria, es hora de avanzar en la dotación de recursos humanos y técnicos que aseguren una atención psicológica especializada, accesible y de calidad para todas las víctimas.